El senador Bernie Sanders y el congresista Greg Casar presentaron la Ban Artificial Superintelligence Act el 23 de septiembre de 2026. La propuesta incluye una pausa temporal en el desarrollo de sistemas de IA avanzada, una prohibición permanente de los sistemas que el texto define como superinteligentes o con determinadas capacidades precursoras, y un nuevo Departamento federal de Inteligencia Artificial. Es un proyecto de ley: hoy no está en vigor. El comunicado de los promotores confirma la fecha de presentación; el texto publicado detalla el mecanismo propuesto. El artículo original de The Verge apareció ese mismo día.
La pregunta inmediata es, por tanto, a quién alcanzaría la norma, no cómo cumplirla hoy. Un desarrollador que utilice un modelo existente no tiene que detener su trabajo por la mera presentación del proyecto. Si se aprobara con esta redacción, regularía el desarrollo y despliegue de ciertos sistemas mediante un umbral de cómputo de entrenamiento, prohibiciones ligadas a capacidades y autorizaciones de un departamento que todavía no existe.
La pausa tiene un umbral de cómputo y una condición para terminar
El texto define un sistema de IA avanzada como aquel entrenado con al menos 10²⁵ operaciones enteras o de coma flotante. Encarga a la futura secretaría ajustar cada año ese umbral para reflejar los cambios en la eficiencia del entrenamiento. Mide trabajo de entrenamiento: no es un número de parámetros, una especificación de un dispositivo ni una definición general de cualquier aplicación de IA. El proyecto tampoco ofrece una lista pública de modelos que cumplirían el criterio.
Desde su entrada en vigor, los sistemas avanzados incluidos quedarían sujetos a una pausa obligatoria de entrenamiento, modificación y ajuste fino, con excepciones limitadas relacionadas con la seguridad; los sistemas aún no publicados no podrían desplegarse durante ese periodo. La pausa acabaría solo cuando el nuevo departamento tuviera su plantilla completa y su titular hubiera establecido reglas de seguridad. Estas exigirían planes previos al desarrollo, supervisión y auditorías durante el ciclo de vida, y aprobación final antes de la publicación. La crónica de Roll Call del 23 de septiembre describe igualmente una pausa a la espera de agencia y reglas, no una prohibición de todo uso de IA.
La prohibición permanente abarca más que una etiqueta de modelo
El proyecto define por separado la superinteligencia artificial según sus capacidades: superar el rendimiento cognitivo humano en la mayoría de los ámbitos, o poder planificar y ejecutar la destrucción o pérdida de poder de la humanidad. También prohibiría sistemas con características precursoras enumeradas, entre ellas acceso no autorizado a infraestructura protegida, resistencia al apagado, determinada asistencia relacionada con armas o capacidad de modificarse de forma independiente. Son criterios jurídicos propuestos, no hallazgos sobre ningún modelo público concreto.
El departamento previsto inspeccionaría sistemas avanzados antes de su despliegue y podría denegar la autorización si encontrara características peligrosas. El texto exige además una licencia para desarrollar o distribuir un modelo avanzado. La pena de prisión que destaca la noticia se aplicaría a responsables de decisiones en entidades sujetas al régimen o a personas ajenas a ellas que infringieran temerariamente determinados artículos o normas, con un máximo de 20 años. Es una sanción propuesta y condicionada; no significa que cualquier usuario o ingeniero se arriesgue a ir a prisión por usar las herramientas actuales.
Qué pueden concluir hoy los equipos de desarrollo
No hay una pausa aprobada, un nuevo departamento ni un procedimiento de autorización bajo este proyecto. Su recorrido en el Congreso y su redacción definitiva siguen abiertos. Incluso si avanzara, aplicar expresiones como «la mayoría de los ámbitos» y medir el entrenamiento con métodos distintos exigiría decisiones legislativas y regulatorias. El ajuste anual del umbral está previsto, pero no resuelve todos los casos por adelantado.
Para quienes planifican modelos de frontera, conviene leer las definiciones y disposiciones del texto, seguir su estado legislativo real y distinguir los controles de un proveedor de los requisitos legales. Nuestro análisis de la derivación de tareas de ciberseguridad de Claude Opus 5.5 trata de una protección del producto; este proyecto crearía, si llegara a ser ley, un régimen federal de autorización diferente. Ni las advertencias de sus promotores ni las objeciones de sus críticos determinan por sí solas qué aprobará el Congreso.
Fuentes
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