El Senado de Canadá estudia si los proveedores de servicios electrónicos deben preparar sus sistemas para facilitar datos en investigaciones con autorización legal. El proyecto C-22 permitiría al Gobierno fijar requisitos técnicos y exigir la conservación de ciertos metadatos. La propuesta sigue en una comisión del Senado, por lo que esas obligaciones aún no han entrado en vigor.
La agenda del 16 de noviembre de 2026 incluía a Meta, Signal y Tailscale, junto con especialistas en derecho y representantes de organizaciones de defensa de las libertades civiles. La convocatoria del 18 de noviembre incluía a representantes de la protección de menores y de las fuerzas del orden. El 16 de noviembre, MacRumors informó de que Apple veía con buenos ojos las modificaciones, aunque seguía sosteniendo que el proyecto perjudicaría su capacidad para proteger los datos de los usuarios. El escrito de Apple del 22 de mayo se refería al texto anterior a las enmiendas aprobadas por la Cámara de los Comunes en junio.
Qué se puede solicitar y qué tendrían que conservar los proveedores
La explicación del Gobierno canadiense distingue la facultad de obtener información en un caso concreto, por ejemplo mediante una orden judicial, de la capacidad del proveedor para entregarla. El Gobierno sostiene que unos requisitos técnicos comunes permitirían a los investigadores recibir antes la información a la que están autorizados a acceder. La primera parte del texto aprobado por la Cámara también propone cambios en las facultades de investigación, entre ellos una orden judicial para obtener determinados datos de abonados que ya estén en posesión o bajo el control de un proveedor.
La segunda parte trata de las obligaciones que podrían tener los servicios antes de recibir una solicitud. Los reglamentos podrían fijar requisitos técnicos para categorías de proveedores considerados principales y exigirles que conserven ciertas categorías esenciales de metadatos durante un plazo razonable de hasta seis meses. Esa facultad reglamentaria excluye los datos que revelen el contenido de las comunicaciones, el historial de navegación o la actividad en redes sociales de una persona. El proyecto también prevé órdenes ministeriales dirigidas a proveedores concretos, incluso fuera de esas categorías, con la aprobación del Comisionado de Inteligencia. Esos requisitos determinan qué debe poder entregar un servicio. El acceso a los datos de una persona sigue sujeto a sus propias condiciones y a una base legal.
Dónde sitúa el proyecto el límite del descifrado
La segunda parte establece que sus obligaciones solo pueden interpretarse como una exigencia de descifrar datos si el proveedor suministró el cifrado y ya dispone de la información necesaria para descifrarlos. El proyecto también exime de cumplir reglamentos para proveedores principales u órdenes ministeriales que introduzcan una vulnerabilidad sistémica o impidan corregirla. La definición se basa en un riesgo creíble de acceso no autorizado según estándares técnicos internacionales reconocidos. Excluye el riesgo limitado a datos de personas cuyo acceso ya cuenta con autorización legal.
La cláusula de descifrado delimita cuándo podría exigirse a un proveedor que desbloquee información. El Senado aún debe decidir qué sistemas podrían exigir a los proveedores y qué registros tendrían que guardar esos sistemas. Aunque el contenido de los mensajes siga cifrado, conservar más datos sobre su transmisión cambia qué registros existirían ante una futura solicitud autorizada. El alcance de esas obligaciones dependerá del texto definitivo y de las medidas que se adopten en virtud de él.
Fuentes
Tramitación en el Parlamento de Canadá y texto aprobado por la Cámara de los Comunes
Convocatorias de la comisión del Senado del 16 de noviembre y del 18 de noviembre
Explicación del Gobierno canadiense sobre el acceso legal a datos
Información de MacRumors sobre la respuesta de Apple y escrito de mayo de Apple a la comisión de la Cámara