El Consejo Constitucional francés ha anulado la disposición central de una ley que habría impedido a los menores de 15 años acceder a servicios de redes sociales. Boing Boing retomó la decisión el 28 de agosto de 2026, pero la fuente decisiva es la Decisión 2026-911 DC, publicada el 14 de agosto. El registro oficial declara contrario a la Constitución el artículo 1.
La resolución no dice que proteger a los menores sea ilegítimo. Afirma que el mecanismo aprobado limitaba la libertad de expresión y comunicación de una manera que no era suficientemente adecuada, necesaria y proporcionada. La distinción importa para otros gobiernos que estudian límites amplios de edad.
Qué rechazó el Consejo
El artículo 1 habría prohibido a toda persona menor de 15 años acceder a las redes cubiertas. Era amplio en población y servicios. La información sobre la sentencia explica que el Consejo consideró la restricción indiscriminada y que podía afectar a servicios cuyo riesgo para la salud o seguridad de menores no estuviera establecido.
La norma implicaba además verificar la edad de una población mucho mayor: una plataforma no puede excluir con fiabilidad a quienes están por debajo del umbral sin clasificar a todos. El Consejo consideró insuficientemente definidas las condiciones y límites de esa prueba. Así, el objetivo de seguridad infantil generaba consecuencias de privacidad y gobierno de datos para adultos y menores.
La decisión oficial en Légifrance es el resultado jurídico. Le Monde y AP aportan contexto político, incluida la intención de buscar otra propuesta. Una ley futura tendrá que superar su propio examen constitucional y europeo.
Por qué verificar la edad es la bisagra técnica
Una regla de edad solo es tan efectiva como su mecanismo. La simple declaración se elude con facilidad, mientras documentos de identidad, estimación facial o registros centralizados crean riesgos de privacidad, seguridad y exclusión. La precisión importa: una clasificación errónea puede negar acceso legítimo o permitir a un menor entrar en servicios para adultos.
La Comisión Europea desarrolla otro modelo técnico. Su enfoque europeo de verificación pretende demostrar que una persona cumple una condición sin compartir datos de identidad innecesarios con cada plataforma. Recomienda que los Estados dispongan de una solución compatible antes de terminar 2026.
Ese trabajo no valida automáticamente una prohibición nacional. Resuelve una capa: cómo aportar prueba de edad con privacidad. Aún hay que definir qué servicios y riesgos justifican límites, qué alternativas existen, cómo se recurre, qué datos se tratan y si la medida es proporcional.
Qué deben aprender plataformas y legisladores
Una prohibición total resulta fácil de explicar y difícil de precisar en código y derecho. Los servicios van desde foros públicos hasta mensajería, vídeo, educación y desarrollo colaborativo. Una definición capaz de capturar todo servicio arriesgado puede alcanzar comunicaciones de bajo riesgo o valor social.
Las plataformas no deberían interpretar la decisión como permiso para ignorar la seguridad infantil. Las obligaciones europeas existentes, incluida la mitigación de riesgos del Reglamento de Servicios Digitales, son independientes. Cuentas privadas por defecto, límites al contacto no deseado, recomendaciones adecuadas y herramientas de denuncia pueden evaluarse frente a daños definidos sin imponer la misma restricción a cada servicio y menor.
Los legisladores necesitan evidencia que conecte la medida con los riesgos que pretende reducir. También requisitos de minimización de datos, pruebas independientes y remedios para personas mal clasificadas. Un sistema solo preserva la privacidad si la ley limita recopilación, intercambio y conservación.
La siguiente propuesta afrontará el mismo examen
El Gobierno ha indicado que buscará una vía jurídicamente más sólida. La sentencia deja espacio para actuar, pero reduce las opciones. Una propuesta revisada deberá justificar alcance y necesidad, diferenciar servicios y explicar cómo la comprobación de edad protege la privacidad de todos.
La decisión no termina el debate. Recuerda que seguridad infantil, privacidad y expresión deben diseñarse juntas. Tratar un derecho como detalle de implementación de otro invita al fallo técnico y al conflicto constitucional.